COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Las organizaciones abajo firmantes en nuestro rol de defensores de los derechos fundamentales, la libertad de asociación, manifestación pacífica y el derecho a la información, nos dirigimos al país y a la comunidad internacional para exponer lo siguiente:
CONSIDERANDO Que, aun bajo el cuestionamiento sobre su legitimidad de origen, la Asamblea Nacional de 2025 ha iniciado un proceso de reformas a marcos legales clave —como la reciente Ley de Hidrocarburos— para adaptar la industria nacional y la economía a la nueva realidad geopolítica posterior al 3 de enero de 2026; por lo cual resulta vital y consecuente que esa misma voluntad de adecuación se traslade de inmediato al ámbito de las libertades civiles, procediendo al desmontaje del sistema represivo y de los instrumentos que criminalizan el pensamiento crítico.
CONSIDERANDO Que el andamiaje de represión judicial en Venezuela se fundamenta en instrumentos inconstitucionales como la «Ley Constitucional contra el Odio», impuesta por la extinta Asamblea Nacional Constituyente bajo la gestión de Delcy Rodríguez; herramientas que hoy son el sustento para mantener a más de 800 presos políticos bajo acusaciones infundadas de «terrorismo» e «incitación al odio», y que han permitido la apertura de alrededor de 20.000 causas judiciales por estos mismos supuestos delitos, extendiendo la persecución y el hostigamiento legal a miles de ciudadanos.
CONSIDERANDO Que los recientes procesos de excarcelación no han significado la libertad plena para esos venezolanos, sino una extensión de su sometimiento bajo medidas cautelares. Al mantenerse vigentes leyes represivas, los ciudadanos siguen atados a procesos judiciales viciados por delitos que no deberían existir en una democracia.
CONSIDERANDO Que si la narrativa de «convivencia y paz» impulsada por el Ejecutivo de facto —en voz de Delcy Rodríguez— pretende ser creíble, debe traducirse en una coherencia política real; pues no existe pacificación posible mientras se mantenga activo un andamiaje legal diseñado para la persecución y el hostigamiento ciudadano.
Bajo esta premisa, y en aras de una coherencia institucional mínima, sostenemos que el desmontaje del sistema represivo es el único paso que validaría cualquier discurso de paz. En consecuencia, es responsabilidad del Poder Legislativo actuar con coherencia y proceder a la DEROGACIÓN INMEDIATA de:
- El “Decreto de Estado de Conmoción Exterior”, pensado para una situación diferente al acuerdo de cooperación en marcha entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo artículo 5 está justificando la detención, persecución y extorsión actual contra diferentes sectores de la población.
- La «Ley contra el Odio» y los artículos represivos del Código Penal (147, 148, 149, 150, 285, 296-A, 442 y 444): Instrumentos que hoy sirven de base para procesar a la gran mayoría de los más de 800 presos políticos que permanecen en los calabozos del país bajo figuras de «vilipendio», «difamación» o «instigación». Su derogación es la única vía para garantizar la libertad plena y absoluta de quienes hoy están sometidos a procesos judiciales injustos, extinguiendo el fundamento legal de delitos que solo existen para castigar la opinión.
- La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE-ME): Cuya vigencia ampara la censura y ataques directos contra la prensa, como el reciente amedrentamiento proferido por el ministro Diosdado Cabello contra la planta televisiva Venevisión. El control discrecional y punitivo del espectro radioeléctrico por parte de CONATEL debe cesar para permitir que los medios recuperen su capacidad de informar sin el asfixiante cerco de las amenazas estatales.
- El paquete de leyes contra el derecho a la asociación y la participación política (Ley Anti-ONG y la Ley Simón Bolívar): Este bloque de normas constituye un entramado jurídico diseñado para el exterminio de la sociedad civil organizada. Mientras la Ley Anti-ONG asfixia la asistencia humanitaria y la documentación de abusos, la ley Simón Bolívar institucionaliza la persecución ideológica y la «muerte civil» mediante inhabilitaciones perpetuas y penas de hasta 30 años. Estas herramientas no buscan regular la conducta, sino impedir que los venezolanos se asocien, se organicen y participen libremente en la vida pública, eliminando cualquier rastro de pensamiento crítico o defensa independiente de los derechos humanos.
POR QUÉ ES URGENTE: El régimen ha tenido la tradición de ampararse en leyes violatorias de derechos humanos para simular un barniz de legalidad ante la comunidad internacional. Al derogar estos instrumentos, se darían pasos trascendentales para la clausura definitiva de la «puerta giratoria», ya que el Estado perdería la facultad de avalar «legalmente» la represión y la persecución.
El desmontaje del autoritarismo debe ser integral. Si el Ejecutivo cede en lo económico, el Legislativo debe verse forzado a derogar el sistema de control social por exigencia de la justicia. Sin estas leyes, el camino hacia elecciones libres y una Venezuela democrática deja de ser una aspiración para convertirse en una posibilidad real.
Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la defensa de las libertades. No habrá paz verdadera sin justicia, ni justicia sin la eliminación de las leyes que hoy oprimen al pueblo venezolano.
#NoMasLeyesRepresivas
A los 30 días del mes de enero de 2026.
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